Urgencia en la reforma fiscal y legislativa y claridad en «las normas del juego» para operar en un mercado regulado. Es una de las principales conclusiones del ‘Observatorio el fraude del IVA en los hidrocarburos, organizado por elEconomista.es en colaboración con Hatta Energy, en el que se puso en valor las posibles soluciones para combatir el fraude masivo con los carburantes.
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Las petroleras esperan con ansia la batería de enmiendas que el Ejecutivo aprobó el pasado mes de diciembre para poner freno a la estafa con los hidrocarburos, que supone ya un agujero en el erario público de más de 3.000 millones de euros. El Gobierno lleva meses planteando incrementar el control de los missing traders, las tramas empresariales que adquieren hidrocarburos en depósitos fiscales —con un IVA asimilado a la importación— para después venderlo a los distribuidores cobrando el correspondiente impuesto que luego dejan de ingresar a la Agencia Tributaria.
Aunque las medidas implantadas pueden suponer un avance, según detalló en el encuentro el abogado fiscalista e inspector de Hacienda, Luis Rosón, siguen siendo insuficientes para combatir la estafa, que ocupa ya el 25% del total de las ventas del sector. «El sistema no puede esperar otros dos años a que se remate la ley», expuso. El problema, no obstante, se extiende hasta la falta de seguridad jurídica, las dificultades en la bancarización y la competencia ilícita, según detallaron los expertos en este encuentro.https://d-2604719153502083063.ampproject.net/2502032353000/frame.html
La desconfianza de la banca supone de hecho un contexto impositivo y una situación de indefensión, detalló el CEO de Hatta Energy, Javier Alonso, para las empresas que cumplen la normativa fiscal: «La banca dificulta la apertura de cuentas en este sector, lo que nos obliga a operar con banca internacional y a tener productos financieros de gran complejidad con unas comisiones altísimas».
El papel de la banca
Los bancos, tal y como explicó David Moñux, abogado y socio director de Iurisconsult Abogados, priorizan el criterio reputacional. «Actúan desde un punto de vista sensato, pero de manera desproporcionada, aunque también puede obedecer a una decisión comercial por las presiones de la Unión Europea». La solución para evitar que la banca «demonice» el sector pasa, a juicio de Luis Manuel Rubí Blanc, abogado, inspector de Hacienda en excedencia y administrador judicial de compañías encausadas por la Audiencia Nacional, por implementar procesos de verificación internos y la coordinación de las autoridades competentes: «El nivel de abstención de las autoridades está socavando la realidad. No hay un feedback sobre lo que hacer con un cliente».
La complementariedad entre las autoridades es necesaria sobre todo también para localizar la trazabilidad del dinero defraudado que, por norma general, suele acabar en terceros países o invertido ilícitamente en la compra de bienes e inmuebles. De ahí que el delito de blanqueo de capitales esté presente «en casi todos los delitos fiscales», según explicó Adolfo Prego de Oliver Puig, abogado penalista y socio director de Adolfo Prego Abogados, para quien la mecánica en la estafa con los hidrocarburos es «siempre la misma».https://47f7b518ea16c337a66de016b21a1871.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-41/html/container.html?n=0
Ahí, precisamente, está la solución para combatir el fraude: «Es la propia mecánica de la defraudación la que marca el camino para solucionar esto». Y es que, según detalló, «en el fraude hay una nota común»: «El margen del beneficio mediante el fraude lo tienen gracias al ahorro del IVA y es justamente lo que permite vender a un precio más bajo y socavar la competencia del mercado. El bajo precio obedece al importe que ha retenido la «organización criminal». Los expertos lo tienen claro: de seguir ante esta prolongación eterna de la regulación, «volverá a suceder lo mismo», explica Javier Alonso.
«Necesitamos una normativa inmediata»
«La banca dificulta la apertura de cuentas en el sector». Una medida «sensata» desde el punto de vista reputacional, pero «desproporcionada» para aquellas entidades que cumplen con sus responsabilidades fiscales. Hatta Energy, que acometió el pago de 100 millones de euros de IVA en el último trimestre y que tuvo 25.000 certificados de biocombustibles de excedente –equivalente a 2 millones de euros–, se encuentra, según detalló el CEO de la compañía Javier Alonso en el encuentro, en «una situación de indefensión ante la competencia por las trabas de la banca española, que nos obliga a operar con banca internacional. Estos problemas básicos de bancarización supone una lucha interminable para quien hace las cosas acorde a la ley».
Para Alonso, la solución para acabar con el fraude está en la adopción de una normativa similar a la italiana al quedar patente su «eficacia». Algo que le daría al sector la «garantía de poder operar con normalidad». Y es que, optar a la consideración de operador económico autorizado u operador confiable, que es una de las medidas que prevé aplicar el Ejecutivo, «blindaría el negocio».
Sin embargo, el CEO de la importadora planteó el por qué de la tardanza en la actuación gubernamental: «No hay orden ministerial que desarrolle la nueva legislación. Hay fórmulas para combatir el fraude que se han demostrado en Europa que son eficientes. Hagamos lo mismo. ¿Por qué hay países que actúan y aquí no? Esto está generando daños colaterales en el sector», concluyó Javier Alonso.
«El sistema no puede esperar»
La tardanza de la gestión por parte de las autoridades también se puso en valor por parte del abogado fiscalista e inspector de Hacienda en excedencia, Luis Rosón, durante el encuentro. «El sistema no puede esperar otros dos años a que se remate la ley contra el fraude porque eso supondría engordar aún más el agujero que sufre el erario público». Y es que, pese a que los mandatarios han reducido las licencias de operador de hidrocarburos durante el ejercicio 2024, Rosón advirtió que esto podría suponer un arma de doble filo para el sector: «Lo malo de reducir los operadores es que el negocio se monopoliza con cuatro grandes compañías en el mercado».
Respecto a los mecanismos que utiliza la Agencia Tributaria para detectar a aquellas empresas instrumentales sobre las que se hace recaer la responsabilidad del IVA, Rosón explicó que el «domicilio social» es una de las claves en la detección de la estafa fiscal, pues en muchas ocasiones suele coincidir con una dirección donde no se registra actividad alguna.
Rosón añadió, además, que como medida alternativa para combatir el fraude con los carburantes, habría que eliminar los intermediarios que, a su juicio, son «lo que generan mala competencia en el mercado»: «Hay otros mecanismos que pueden funcionar para combatir el fraude con los hidrocarburos. De hecho, hay otros sectores que eran propensos al fraude, pero se trasladó la idea de trasladar las obligaciones fiscales del impuesto a la fase final. No hay ninguna estación de servicio ni gasolinera que lo haga y habría que plantearse en qué medida el cliente final es conocedor o no de la estafa que se ha estado cometiendo».
El cometido de Hacienda
¿Recupera la Agencia Tributaria la totalidad del dinero estafado? La respuesta queda en el aire, pese a que para el abogado e inspector de Hacienda en excedencia, Luis Manuel Rubí Blanc, el organismo tiene «capacidades suficientes» para localizar la trazabilidad del importe defraudado o aquello que no ha sido declarado, que en muchas ocasiones queda en terceros países.
El problema para Rubí Blanc pasa, no obstante, por la falta de coordinación entre las autoridades competentes: «Hacienda puede tener acceso a la información que requiera de otros países europeos. Actualmente, es muy factible localizar el importe estafado, pero hay un gran nivel de abstención de las autoridades, que está socavando la realidad». Solo en el último año, la Agencia Tributaria ha recibido más de 19.000 avisos de blanqueo de capitales, según detalló Rubí Blanc durante el encuentro.
En paralelo, el también administrador judicial de compañías intervenidas por la Audiencia Nacional puso en valor otro de los problemas que, a su juicio, está «demonizando el sector»: las «restricciones» de la banca nacional que «están dificultando aún más la situación» para operar en un mercado equitativo. Y es que, según explicó en el encuentro, operar con hidrocarburos supone un «riesgo adicional», pero no por ello hay que impedir que las empresas que quieran operar bajo un paraguas de responsabilidad, no puedan optar a la apertura de cuentas bancarias en el mercado nacional: «La paralización bancaria no solo está generando prejuicios a las compañías sino también una pérdida reputacional».
El beneficio del consumidor final
«¿Por qué no se implantan medidas más rápidas y eficaces?», planteó durante el encuentro el abogado y socio director de Iurisconsult Abogados, David Moñux Ducajú. Según detalló, «cuando en las gasolineras se está comercializando un producto con un precio distinto al normal del mercado, es porque alguien se está quedando con ese dinero». Al fin y al cabo, de esta cadena se beneficia tanto el Gobierno como el consumidor final que ve reducido el coste del precio».
Para Moñux, la ineficacia gubernamental está socavando la competencia del mercado y provocando una «falta de seguridad jurídica» para las empresas. Algo que afecta, según expuso, al crecimiento de las compañías que cumplen con sus obligaciones tributarias: «No pueden hacer apuestas a futuro». En cualquier caso, el abogado y socio director de Iurisconsult Abogados explicó que, pese a que existe la estafa en otros sectores, el marco de los hidrocarburos «te permite un enriquecimiento mayor», dado el gran volumen de facturación.
Según la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) desde el año 2022, se han dejado de ingresar más de 2.000 millones de euros en las arcas públicas por la acción de operadores fraudulentos y la creación de las sociedades instrumentales para acometer dicho fraude. De ahí que, entre otras alternativas, para Moñux Ducajú la solución pase por eliminar esos intermediarios entre el cliente final y la operadora: «Para cuando la entidad certificadora se da cuenta de si éstos han cumplido o no con sus obligaciones fiscales, los intermediarios han cesado ya su actividad. De forma que no se pueda hacer recaer sobre ellos la responsabilidad del impago».
«Hay que perseguir la delincuencia»
Respecto a las prácticas que los juzgados y el organismo certificador están llevando a cabo para combatir el fraude con los hidrocarburos, el abogado penalista y socio director de Adolfo Prego Abogados, Adolfo Prego de Oliver, explicó durante el encuentro que no se deben obviar las «garantías que rigen un estado de derecho».
Según detalló, actualmente hay una serie de prácticas procesales poco «ortodoxas» que se están realizando como respuesta a una «entendible, pero obsesiva persecución para acabar con el fraude», que no siempre respetan la presunción de inocencia del investigado. Y es que, según su testimonio, en muchas ocasiones se procede al bloqueo total del imputado de unos bienes «anteriores al fraude cometido», o se sustancian investigaciones secretas donde el investigado no es siquiera informado de la existencia misma del proceso.
«Hay que objetivar los criterios y el grado de exigencia», afirmó el abogado en tanto que también consideró que el delito de blanqueo de capitales se ha convertido en «una especie de cajón de sastre que se aplica junto con el delito de organización criminal casi de manera automática en este tipo de procesos». «Está presente en casi todos los procesos seguidos por delito fiscal, lo cual origina que en ocasiones se sancione dos veces lo mismo. El no ingreso de la cantidad procedente del fraude y su mera tenencia no tiene por qué constituir un delito de blanqueo necesariamente».
En paralelo, el letrado puso de manifiesto la gran labor policial respecto a las investigaciones de delitos económicos, pues «desde el punto de vista procesal son un elemento clave». Sin embargo, puso en valor que los informes realizados por los agentes se están elevando a la «categoría de periciales de inteligencia» y sus valoraciones y «personales impresiones» se están introduciendo en los procesos penales como «una garantía irrefutable sin serlo».
En este sentido, Prego detalló que es importante que las valoraciones de los agentes sean excluidas como elemento de prueba por los Tribunales con el fin de no «desvirtuar los principios rectores que deben regir un procedimiento como el penal».
Fuente: El Economista. [/urcr_restrict]