Productores y distribuidores de carburantes y biocarburantes han instado al Gobierno a mostrar una «mayor determinación» y a implementar nuevas medidas para «perseguir y erradicar» el fraude que afecta al sector en España. Su objetivo es recuperar la recaudación del IVA actualmente defraudado, garantizar la seguridad en el suministro de combustibles y proteger a los consumidores.
En un comunicado conjunto, las asociaciones Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI han elogiado las recientes medidas anti-fraude incluidas en el Real Decreto-Ley 8/2023, pero han instado al Gobierno a adoptar acciones adicionales para abordar este problema, que consideran «muy grave».
A finales del año pasado, el Gobierno incluyó reformas en la Ley de Hidrocarburos a través del decreto ómnibus de medidas económicas para combatir fraudes en la venta de carburantes por parte de algunos operadores minoristas.
Sin embargo, los productores y distribuidores están trabajando en una serie de medidas adicionales para combatir el fraude, que planean presentar a la Administración en breve.
Estas asociaciones, que representan a más de 800 empresas en toda la cadena de valor de la producción y distribución de carburantes y biocarburantes, han denunciado en repetidas ocasiones la proliferación de prácticas fraudulentas, incumplimientos de obligaciones sectoriales y fiscales, afectando a la competencia leal, las arcas públicas, los consumidores y la apuesta por la descarbonización.
A pesar de valorar positivamente las recientes prohibiciones en el suministro entre distribuidores y la posibilidad de inhabilitar permanentemente a operadores al por mayor por infracciones graves, las asociaciones piden mejoras en los mecanismos de control y una agilización en los procesos de inhabilitación.
Además, destacan la importancia de acelerar la aprobación de la Orden ministerial que aumenta la periodicidad del control del cumplimiento de los objetivos de incorporación de biocarburantes y amplía el seguimiento, así como incrementa las cuantías de los pagos compensatorios. Esto es crucial para combatir las pérdidas millonarias que el Estado ha sufrido debido a empresas que dejaron de pagar en 2022.
En resumen, el sector espera una respuesta más enérgica por parte del Gobierno para salvaguardar la integridad del sector y fortalecer la lucha contra el fraude en el ámbito de los carburantes en España.
Fuente: cincodias.elpais