- La pérdida de las licencias tras defraudar 182 millones hunde ahora el negocio
- Las ventas se desplomarán un 93% al cierre de 2024
- Aldama no declaró el IRPF y defraudó casi dos millones de euros a Hacienda
La trama de hidrocarburos vinculada a Victor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, tenía previsto alcanzar una facturación este año de casi mil millones de euros después de haber cometido un fraude fiscal de 182 millones y haber pagado el chalet en el que vivía el exministro de Transportes José Luis Ábalos. [urcr_restrict]Villafuel, la empresa central de la red, iba a alcanzar, en concreto, unos ingresos de 857 millones, lo que hubiera supuesto un incremento del 5,4% respecto a 2023 y hasta catorce veces más que en 2022. Pero es que a esa cifra hay que sumar, además, los ingresos de las, al menos, otras once sociedades que integraban la red.
Son previsiones que, en cualquier caso, se han venido abajo después de que la Agencia Tributaria detectara el fraude el pasado mes de febrero y retirara la licencia a la compañía para poder operar. La propia Villafuel reconoce ahora en sus cuentas que desde ese mes ha habido «un descenso muy significativo de su cifra negocio y por ello de sus resultados». Todo apunta así, según los administradores de la sociedad, que sus ventas se desplomaran un 93% al cierre de 2024, hasta 57 millones de euros, y que la empresa se quedará al borde de los números rojos tras reducir sus beneficios en un total de 20 millones, lo que equivale prácticamente a todo el resultado alcanzado en 2023.
Y la situación es muy similar en el resto de sociedades. Steel Growing, la matriz de Villafuel, estaba experimentando también un crecimiento muy significativo, triplicó también su facturación, pasando de 132.000 euros en 2022 a 515.500 en el último ejercicio.
El entramado
Still Growing controla también el cien por cien de las acciones de Next Omega Trade y de la empresa portuguesa EF Iber Combustiveis-Distribuiçao de Produtos Petrolíferos. Igualmente, forman también parte de la red la empresa de carburantes Villamanta Área de Servicios, que cuenta con activos de 55,3 millones de euros, pero que no declaró ingresos en el último año; Pisando Bien, una sociedad inmobiliaria y Ecopein Global, una firma de inversión en activos mobiliarios, que suma otros 11,3 millones de euros más. Entre las empresas involucradas y que han sido también investigadas, aparecen asimismo dos firmas actualmente en liquidación: Salamanca Fuel y Canary Island Fuel.
Aunque inicialmente, y gracias a la mediación de Aldama, la trama se dirigió al ministerio de Industria para conseguir la licencia, lo hizo por error, ya que las competencias las tiene realmente el ministerio de Transición Ecológica y, de hecho, fue precisamente la cartera que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la responsable de haber concedido todas las autorizaciones necesarias.
Ante todo ello, el PP ha pedido en la Audiencia Nacional esta misma semana que se investiguen los «nuevos indicios, que implican a Ribera en la trama corrupta de Ferraz», según aseguró César Sánchez durante un debate en el Congreso para tramitar la nueva ley para actualizar el régimen de comercio de emisiones de CO2.
Ayer mismo, el portavoz del PP Miguel Tallado cargó contra los socialistas asegurando que «no sacan las leyes en el Congreso, pero sí sacan lingotes de oro de Venezuela; no aprueban decretos, pero sí aprueban licencias para empresas que defraudan en el sector de hidrocarburos; no ejecutan los fondos europeos, pero sí adjudican los contratos a las empresas que patrocinan másteres o pagan mordidas; no diseñan políticas útiles de vivienda, pero sí reciben chalés como regalos y sí pagan el piso a las acompañantes de ministros».
El chalet de Ábalos
Cabe precisar, que, pese a que el administrador de Villafuel sea el empresario Pedro Marín Alba, quien gestiona además otras cinco sociedades, la compañía está controlada realmente por otro socio de Aldama, Claudio Rivas. De hecho, fue Rivas el que recurrió al conseguidor de la trama Koldo para que le facilitara una reunión con el director del Gabinete del Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz, entre los días 24 y 28 de diciembre de 2020, con el objetivo obtener la condición de operadora de Villafuel y poder poner así en marcha el presunto fraude de los hidrocarburos.
A cambio de que el comisionista Aldama le facilitase ese encuentro con el ministerio para conseguir la licencia, Rivas, según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, compró el chalet del exministro Ábalos a través de una de las sociedades que el «controlaba», Have Got Time, que se dedicada también al comercio de hidrocarburos.
Las arras de este inmueble, además, fueron abonadas por Rivas mediante otra de sus firmas, NextoMega Trade SL. Aldama intermedió en este asunto para «aprovecharse», según cita el documento de los investigadores, de que Rivas corriera a cargo «con los gastos derivados» de la adquisición del inmueble del exministro. Así, cuando Ábalos fue destituido y, por ende, el título de operadora para la compañía resultó fallido, Rivas le comunicó a Aldama que el exministro «debía dejar de disfrutar de esa vivienda».
Según los investigadores, ese inmueble guarda también «una relación directa con las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión», la principal empresa del caso Koldo, que se hizo también con el suministro de las mascarillas durante la pandemia, y con el fraude de 182 millones de la red de hidrocarburos que ha llevado tanto al comisionista como a su socio Rivas a prisión. La Guardia Civil, no obstante, sigue investigando ahora a otras 13 personas.
Fuente: El Economista[/urcr_restrict]