Los repartidores de butano esperan que reunión con el Gobierno se traduzca en «acciones concretas y urgentes».

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Mantienen la amenaza de una suspensión indefinida del reparto domiciliario si no hay una acuerdo que garantice su viabilidad.

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La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) ha valorado «positivamente» la reunión mantenida la pasada semana con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y ha mostrado su confianza en que el diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se traduzca en «acciones concretas y urgentes» que permitan preservar un servicio esencial como es la bombona de butano para millones de hogares en España.

En un comunicado, la asociación de repartidores advirtió así de que, en caso de no alcanzarse un acuerdo que garantice la viabilidad del sector, la Asamblea que celebra a finales de febrero, valorará «la adopción de medidas que nadie desea, tales como la suspensión indefinida del reparto domiciliario«.

Así, Fedglp alertó de que el sector no puede mantenerse en «las actuales condiciones de precariedad económica» que atraviesan las agencias, por lo que subrayó que es necesario «un esfuerzo adicional por parte de la Administración que garantice una solución equilibrada y sostenible».

La federación consideró que el encuentro con el Ministerio se produjo en «un contexto crítico» para la popular bombona de butano, ya que el sector enfrenta «una grave pérdida de rentabilidad y que requiere medidas urgentes para garantizar su viabilidad».

UNA MODIFICACIÓN «INMINENTE» DE LA NORMATIVA.

Por ello, reiteró la necesidad de «una modificación inminente» de la normativa que regula el precio máximo del GLP envasado, establecida en la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, en línea con la necesidad de actualización de los costes de comercialización, reflejando «de manera realista» los incrementos en los costes operativos que enfrentan los distribuidores, en lo referente al transporte, el almacenamiento y la logística de distribución, así como el resto de los costes de comercialización.

Asimismo, consideró «imprescindible» que se reconozca el impacto de factores como la inflación, el aumento en los costes laborales y las exigencias regulatorias que han encarecido la prestación del servicio en los últimos años.

«Sin una adecuación justa y equitativa de los precios regulados, el sector se ve abocado a operar en condiciones insostenibles, poniendo en riesgo la continuidad del suministro de un recurso energético fundamental», añadió.

Fuente: Europa Press. [/urcr_restrict]

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