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[urcr_restrict]La investigación abierta por posible fraude con la venta de hidrocarburos amenaza con destapar una posible red de corrupción dentro de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sospecha que hay miembros de este cuerpo que podrían haber estado accediendo a las bases de datos internas y pasando información de forma irregular a la trama.
La investigación apunta a que puede haber más de media docena de agentes implicados, sobre todo después de que los propios informes de la UCO señalasen ya que el exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y el comandante Rubén Villalba podrían estar detrás de un chivatazo a Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
En una comparecencia por videoconferencia en la comisión de investigación en el Senado, el exdirector general de la Guardia Civil negó ayer, sin embargo, «radicalmente» ante las preguntas de UPN que su salida de la institución para ir a la embajada de España en Estados Unidos «tenga nada que ver» con los informes señalados, negando además tener cualquier tipo de relación con el otro presunto implicado dentro del cuerpo, el comandante Rubén Villalba, más allá de firmar su cese.
Implicados
De acuerdo con el informe de los investigadores, el capitán y responsable de Fuentes Humanas de la UCO –el encargado de gestionar el uso y manejo de confidentes para conocer las actividades de una organización criminal–, Juan Vicente Bonilla, fue la primera persona que siguió la pista de las actividades de Koldo tras unas informaciones que le facilitó el empresario, José Luis Caramés, imputado, precisamente, por el fraude de los hidrocarburos.
Bonilla, que estaba, además, integrado en la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción (Uafac), mantuvo contacto con Caramés desde, al menos, el verano de 2016, según consta en el sumario del caso, aunque bajo el pseudónimo de ‘Roberto Alcazar». De estas conversaciones se deduce, de hecho, que este agente junto a otros miembros de la misma unidad habrían realizado servicios de asesoría y escritos jurídicos para los imputados. Estos guardias civiles serían Luis Herrero, Óscar Villar Vila y Francisco Gabriel Sánchez Ramos, entre otros.
Villar y Sánchez, además, y de acuerdo siempre con los investigadores, coincidieron durante siete años en el puesto principal de la Guardia Civil de Villalba. Aunque en un principio los informes apuntaban también al teniente Juan Sánchez Yepes como otro de los agentes que habría consultado de forma activa y reiterada las bases de datos internas, eso es algo que finalmente ha quedado descartado, según se ha constatado en una auditoría. En una causa paralela del caso se citan, al menos, a otros tres miembros de la Guardia Civil que habrían consultado también las bases de datos para los investigados al tiempo que cobraban sueldos.
Entre ellos, según las diligencias llevadas a cabo, figura el propio Bonilla junto a su mujer, que era empleada, además, de una de las sociedades principales de la trama de hidrocarburos. Este capitán dejó el cuerpo y en octubre de 2023 fue fichado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid como gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud.
Fuente: El Economista[/urcr_restrict]