El propio Real Decreto-ley permite que algunas medidas decaigan antes que otras, en función de la evolución específica del precio de cada componente energético.
El Real Decreto-ley 7/2026, con respecto de las medidas que introducían rebajas impositivas frente al incremento de los precios energéticos, incorpora no solo un límite temporal con horizonte de 30 de junio de 2026, sino también un mecanismo de finalización anticipada vinculando su vigencia a la evolución del IPC.