El Gobierno se lanza contra el fraude en los hidrocarburos que supera los 2.000 millones de euros, según las estimaciones de las Asociación de Operadores Petrolíferos. A través de una batería de enmiendas presentadas por el PSOE al proyecto de Ley que regula un tipo mínimo efectivo para las multinacionales, el Ejecutivo plantea incrementar el control de los missing traders, tramas empresariales que adquieren hidrocarburos en depósitos fiscales —con un IVA asimilado a la importación— para después venderlo a los distribuidores cobrando el correspondiente impuesto que luego dejan de ingresar a la Agencia Tributaria.
[urcr_restrict]Según se desprende de las enmiendas del PSOE, la medida propuesta consistirá en pedir a los titulares de los depósitos fiscales y a los empresarios que extraigan productos que declaren el IVA mensualmente, con el objetivo de conocer «casi en tiempo real» las operaciones para facilitar el control.
La enmienda prevé también modificar la normativa para dejar claro a quién corresponde liquidar el IVA asimilado a la importación y exigir a quien extraiga el carburante que demuestre que es un operador económico autorizado por normativa aduanera o tiene la condición de operador confiable. Además, tendrá que garantizar el pago del impuesto correspondiente a la futura venta.
Para obtener la consideración de operador económico autorizado se tendrá que demostrar un volumen mínimo de extracciones el año anterior, haber realizado operaciones al por mayor durante los tres últimos años y acreditar solvencia financiera, equivalente al 110% de las cuotas de IVA. Como medida de seguridad adicional, se asigna a los titulares de depósitos fiscales una responsabilidad solidaria del pago de la deuda tributaria cuando autoricen indebidamente la extracción del producto.
Una tercera enmienda refuerza el control de los denominados ‘carburantes de diseño’, productos con características muy similares a los de automoción que, al tener alguna diferencia en la composición, eluden los controles de los hidrocarburos y se almacenan fuera de los establecimientos autorizados a efectos de impuestos especiales. Posteriormente, estos productos se venden a estaciones de servicio o transportistas, sobre todo gasóleo A, con una supuesta acreditación de haber pagado el impuesto de hidrocarburos.
Para frenar este fraude, el PSOE propone que no se admita como acreditado el pago del impuesto si este no ha sido ingresado en la Agencia Tributaria y que se considere contribuyente del impuesto de hidrocarburos quien esté en posesión del carburante para su distribución en caso de que detecten marcadores no autorizados o haya sido adquirido a un operador no autorizado.
Un agujero que supera ya los 2.000 millones de euros desde el año 2022
Según AOP desde el año 2022, se han dejado de ingresar más de 2.000 millones de euros en las arcas públicas por la acción de operadores fraudulentos que no pagan el IVA, distorsionando el mercado y perjudicando tanto a la sociedad en general, por los impuestos que se dejan de recaudar, como a los operadores que cumplen con la normativa. Desde AOP piden que se impongan medidas más estrictas de control que permitan una detección temprana del fraude, así como la necesidad de reforzar la cooperación entre autoridades.
Fuente: El Economista[/urcr_restrict]