El Gobierno implementa medidas para detener la expansión de fraudes millonarios perpetrados por empresas piratas en la comercialización de carburantes. Estas prácticas ilícitas afectan a empresas legítimas y repercuten en los precios para los consumidores finales. Aprovechando el decreto ómnibus de medidas económicas recién aprobado, el Ejecutivo ha incluido reformas en la Ley de Hidrocarburos para frenar estas irregularidades en aumento.
El texto del real decreto subraya: “Se han identificado prácticas fraudulentas en el sector de hidrocarburos líquidos debido al incumplimiento de obligaciones sectoriales”. Esto incluye impagos del IVA, impuestos especiales, y falta de aportaciones a entidades como la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), el Sistema de Información para la Certificación de Biocarburantes (SICBIOS), o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).
El Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, considera urgente una revisión de la ley del sector debido a la rápida evolución del mercado, que ha dado lugar a modelos de negocio no contemplados en la legislación actual y que carecen de regulación adecuada.
El Gobierno advierte que los incumplimientos dan a ciertas empresas una ventaja competitiva injusta sobre aquellas que cumplen con sus obligaciones, lo que requiere una revisión normativa urgente.