En un intento por detener el creciente número de fraudes cometidos por empresas piratas en la comercialización de carburantes, el Gobierno ha tomado medidas decisivas. Estas acciones, incluidas en el reciente decreto ómnibus de medidas económicas aprobado por el Consejo de Ministros, apuntan a reformas en la Ley de Hidrocarburos para poner fin a prácticas irregulares cada vez más extendidas.
El real decreto destaca la detección de prácticas fraudulentas relacionadas con el incumplimiento de obligaciones fiscales y sectoriales en el ámbito de los hidrocarburos líquidos. Empresas que no abonan el IVA o impuestos especiales, evaden contribuciones obligatorias a entidades como la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), el Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) son señaladas en el texto del decreto.
El Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera, subraya la necesidad urgente de revisar la ley del sector debido a la rápida transformación del mercado de hidrocarburos. La aparición de modelos de negocio no contemplados en legislaciones anteriores y su falta de regulación adecuada han facilitado el fraude, afectando tanto al sector como a los consumidores finales a través del incremento en los precios de los carburantes.
La reforma legal aprobada fortalece la capacidad del Ministerio para sancionar a las empresas que incumplen sus obligaciones, incluso revocando su autorización como operadores del sector o tomando medidas provisionales de urgencia durante investigaciones en curso.
El foco se centra en una nueva regulación de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, prohibiéndoles suministrar a otras compañías distribuidoras, una práctica que se creía beneficiosa en 2015 pero que, en realidad, ha tenido un efecto contrario en la competencia y los precios finales para los consumidores.
Además, se aclara que tanto los distribuidores al por menor como los operadores al por mayor deben cumplir con las mismas obligaciones en el uso de infraestructuras logísticas, evitando así que ciertas empresas eludan responsabilidades sectoriales.
Las petroleras, agrupadas en asociaciones sectoriales, han intensificado sus quejas debido a estos fraudes millonarios. La falta de cumplimiento en el uso de biocarburantes ha generado contribuciones adicionales al fondo de pagos compensatorios por parte de los operadores petrolíferos, sumando cifras millonarias en los últimos años.
Estas medidas buscan frenar la expansión del fraude en el sector de los hidrocarburos, asegurando una competencia justa y protegiendo los intereses de empresas legítimas y consumidores.
Fuente: EPE