A partir de diciembre, una nueva regulación exige a 27,000 pequeñas y medianas empresas en España contar con canales de denuncia, según datos recientes de la Seguridad Social. Esto responde a la Ley 2/2023, la cual busca proteger a los informantes y combatir la corrupción, abarcando a 2.7 millones de empleados y a quienes mantengan relaciones profesionales con estas entidades.
La normativa, aplicable a empresas con un rango de 50 a 249 empleados y a municipios con menos de 10,000 habitantes, establece la obligación de salvaguardar a quienes detecten infracciones graves. Estos deben comunicarlas mediante sistemas internos de información. La efectividad de este sistema implica asegurar su accesibilidad, confidencialidad y designar un responsable para su correcto funcionamiento.
Sin embargo, la implementación de estos canales representa un desafío tanto económico como operativo para las Pymes. Según Carlos Hernández, socio fundador de Silverback Advocacy, muchas de estas empresas carecen de la preparación necesaria, a pesar de la posición favorable de España en comparación con otros países europeos.
El establecimiento y mantenimiento de los canales de denuncia, así como la asignación de recursos para su gestión y control de acceso a los datos reportados, son aspectos críticos. Hernández advierte que las empresas con recursos limitados podrían ser afectadas por esta nueva carga legal.
Rafael Sánchez-Sevilla, socio de penal y compliance en Fieldfisher, sugiere buscar asesoramiento especializado. Esto podría implicar la gestión interna o externa del canal ético, ofreciendo apoyo y experiencia a las Pymes en este proceso de adaptación.
Este cambio cultural impuesto por la ley no solo requiere ajustes en la terminología utilizada, sino que también puede representar una oportunidad para mejorar la seguridad, transparencia y tolerancia cero frente a prácticas irregulares, destaca Sánchez-Sevilla.
En términos de cumplimiento, Sánchez-Sevilla menciona el impacto positivo tras el plazo otorgado a las grandes empresas. Sin embargo, destaca dificultades en su implementación, como la limitación del uso de los canales solo a empleados, a pesar de la obligación de estar disponibles para terceros como proveedores y clientes.
Además, la ausencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un pilar clave de la ley, está generando incertidumbre en su aplicación. Este vacío gubernamental ha obstaculizado una ejecución óptima de la normativa, según expertos.
El artículo resalta las claves de la ley, los derechos de los informantes, el proceso de resolución y las sanciones por incumplimiento, ofreciendo una visión detallada de la normativa y sus implicaciones.
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