Hacienda ha dado de baja en los últimos meses a la alemana Mabanaft, la irlandesa Macquaire y a la anglosuiza Glencore.
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La Agencia Tributaria ha dado de baja a tres gigantes europeos del sector del petróleo en los últimos meses: la alemana Mabanaft, la irlandesa Macquaire y recientemente la anglosuiza Glencore, por lo que abandonan el negocio de la venta de diésel a estaciones de servicio en España. Junto con estas, más de una decena de operadoras han sido dadas de baja por Hacienda (por diversas circunstancias) o inhabilitadas por el Ministerio de Transición Ecológica. Una situación que -señalan diversas fuentes del mercado- apunta a que «el oligopolio de las grandes petroleras del país está cerca».
En la actualidad hay 87 operadores habilitados para comprar y vender dentro del depósito fiscal, es decir, dentro de los grandes toneles en los que se almacena sobre todo diésel y que son gestionados en su mayoría por la empresa privada Exolum. Sin embargo, de estos no todos cuentan con la autorización para vender fuera del depósito, porque han sido dados de baja por Hacienda y su actividad se limitaba única y exclusivamente a vender dentro, un negocio que apenas se lleva a cabo.
Diversas fuentes del sector petrolero relatan a THE OBJECTIVE que el mercado está volviéndose a parecer al oligopolio que operaba durante 1992 -año en que se liberalizó el sector con el final de la estatal Campsa- y 2015 (el año en el que el Gobierno de Rajoy decidió a través de una ley abrir una competencia sin parangón en el sector). Durante esos 23 años previos a la reforma del PP, existían operadoras -algunas de ellas ya hacían el fraude de hidrocarburos- pero el mercado estaba dominado por las grandes, que además tenían el poder de fijar los precios a las gasolineras a las que vendían.
La liberalización del sector a partir de 2015 fue creciendo con la entrada de innumerables operadores que compraban dentro del depósito fiscal y vendían a las estaciones de servicio. Paralelamente, el fraude de los hidrocarburos aumentaba. Una situación que denunciaban las grandes asociaciones de petróleo. En el año 2023, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez trató de controlar esta situación creando la figura del Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales) para controlar a través de Hacienda a los operadores. Esto suponía que la operadora que contaba con este título era la única responsable de la derivación tributaria de esa empresa. Una situación que abrió los ojos a toda la cadena porque daba la opción a entrar dentro del depósito, y durante aquellos meses se comenzó a solicitar ese mecanismo. A finales de ese año, Transición Ecológica corrigió el error de Hacienda.
La ley ‘a la italiana’
Al poco tiempo de ese error comenzó a actuar un lobby para trasladar a España la ley que había triunfado en Italia para acabar con el fraude. Pero un año después, el Ejecutivo sigue sin aplicar la norma que está llamada a acabar con el fraude de los hidrocarburos, pese a que el 21 de diciembre del pasado año se publicó la ley 7/2024, por la que se impulsó una vía ‘a la italiana’ para que los operadores de hidrocarburos tuvieran que pagar el IVA (impuesto sobre el valor añadido) cuando venden el producto fuera del depósito fiscal. De esta forma, se evita que los operadores lleven a cabo el negocio fraudulento de recaudar el impuesto y no liquidarlo a Hacienda cuando esta lo solicite.
Una medida que, sin embargo, ha generado críticas dentro del sector porque hay decenas de operadores que no pueden adelantar ese pago (algunos lo hacen trimestralmente) o lograr un aval de un banco por su falta de músculo financiero. A esta realidad, además, se le une la creación de una figura llamada «operador confiable» que complica aún más la operativa, ya que aunque una operadora cuente con músculo financiero (que le permita adelantar el IVA) debe cumplir otros requisitos, como tres años de operaciones previas y un volumen de extracciones durante el año anterior de 550 millones de litros de gasolinas, diésel o biocarburantes.
Aunque España no tiene reservas de petróleo, sí cuenta con una historia ligada a este producto clave en las relaciones geopolíticas. Hay importantes refinerías que fueron expropiadas a grandes empresas norteamericanas y británicas cuando llegó al poder el dictador Miguel Primo de Rivera (1923-1930), que impulsó la empresa pública Campsa (en 1927) que se encargaría de refinar para producir el diésel, la gasolina, los querosenos y el asfalto. Una decisión que tensionó las relaciones comerciales con Estados Unidos y Reino Unido. En 1992, Campsa desapareció y sus activos se los repartieron Repsol, Cepsa (hoy Moeve) y BP.
Fuente: Mundo Petróleo.
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