Robert Amsterdam, socio director de la firma Amsterdam & Partners LLP, no es un abogado cualquiera. Es un verso libre, un jurista canadiense con despacho en Londres y Washington, que ha defendido a empresarios perseguidos por regímenes autoritarios, opositores políticos en Rusia, Nigeria y Venezuela, ha vencido a gigantes como Apple y ha llevado a juicio a la propia ONU.
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Ahora ha puesto el foco en España donde lidera una ofensiva jurídica y mediática contra la Agencia Tributaria.
“España está en guerra contra sus propios ciudadanos, y Hacienda es el ejército”, afirma con rotundidad, pero se niega a revelar quienes son sus clientes y las firmas de abogados que, desde España, le asisten. Porque, dice, si se conociera su identidad la Agencia Tributaria «caería sobre ellos».
En esta entrevista el abogado acusa al organismo de actuar como un “Gran Hermano fiscal”, denuncia su falta de transparencia, y alerta de que el país vive una erosión silenciosa del Estado de derecho.
“Dentro de dos años, nadie reconocerá esta institución si no se reforma. La inteligencia artificial lo cambiará todo… para mal”, advierte.
Pero su crítica va más allá de lo técnico: habla de miedo, de matrimonios rotos, de suicidios, de un sistema que —según él— castiga con saña a los más vulnerables mientras se protege detrás de un muro de impunidad. “Esto no es solo un problema español, es un escándalo europeo”, sentencia.
Y está dispuesto a llevarlo a todas las instancias internacionales. Porque, asegura, aún hay batallas que merecen ser peleadas. Aunque nadie más se atreva.
¿Quién es Robert Amsterdam y a qué se dedica su firma de abogados?
Durante los últimos 50 años nos hemos involucrado en casos con un fuerte componente político. Hemos estado muy involucrados en Centroamérica y América Latina. Llevamos casos importantes en Venezuela, Brasil, Guatemala, y también, por supuesto, en Estados Unidos y Canadá. Como probablemente ya sepa, si ha buscado información sobre nosotros, participamos en el levantamiento de Bangkok en 2010.
Hoy estamos trabajando en el caso que usted aquí conoce, en España. También representamos a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en Ucrania. Trabajamos en casos relacionados con el Congo y con actores clave en el futuro de Irak. De hecho, en unas horas daremos una rueda de prensa en Bagdad sobre Kurdistán y el conflicto entre los kurdos, el gobierno central iraquí e Irán.
¿Ninguna relación con Donald Trump?
[Se ríe] Nada.
¿Por qué ha puesto en marcha este caso contra la Agencia Tributaria española?
Yo no diría que, en este momento, estemos en contra de la Agencia Tributaria como tal. Lo que queremos es reformarla. La Agencia Tributaria no es un ente independiente, forma parte del Gobierno. Y este Gobierno, al menos en teoría, es un gobierno democrático.
Pero esta agencia no actúa como si formara parte de un gobierno democrático. Se comporta como si perteneciera a un régimen fascista o a una dictadura. Tiene un poder excesivo. Lo que he visto es realmente alarmante.
Hablo con esta contundencia porque dentro de dos años ya no la reconoceremos, por culpa de la inteligencia artificial. Van a meterse en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos.
Mucha gente aquí no es consciente de eso. Si no han sido auditados directamente, si no son una de las muchas víctimas que me contactan a diario, tal vez aún no hayan sentido el daño. Pero esperen a que esta Agencia, sin freno alguno, empiece a controlar la inteligencia artificial: nadie en España estará a salvo.
«Quieren ser el Gran Hermano y lo justifican diciendo que es para combatir el fraude».
¿Está sugiriendo que la Agencia Tributaria española quiere ser como un Gran Hermano?
Exactamente. Eso es justo lo que quieren ser. Si escuchas a sus responsables, lo dicen de forma abierta. Hay declaraciones en las que afirman que revisan las redes sociales de todos para saber lo que hacen.
Quieren ser el Gran Hermano y lo justifican diciendo que es para combatir el fraude. Pero, para mí, ellos son el verdadero fraude. Son mucho más peligrosos que cualquier evasor fiscal, porque estamos en un país donde ni siquiera existe un tipo impositivo fijo. Dicen que el tipo impositivo en España es del 47%, pero eso es mentira. El verdadero impuesto es lo que Hacienda pueda quitarte.
No hay límites. Recibimos el mensaje de un carpintero que casi pierde su matrimonio y tiene pensamientos suicidas porque le han quitado 43.000 euros en los últimos años.
Lleva 23 años trabajando aquí. Son implacables con los pobres. Dicen que van detrás de ricos extranjeros, pero es mentira. Persiguen a los pobres, incluso a personas en residencias psiquiátricas.
No tienen ninguna moral. Sus sueldos han sido recortados y ahora tienen un sistema de bonificaciones que el gobierno mantiene como una arma secreta.
Ni los servicios secretos iraníes ni el Mossad podrían penetrar en el Gobierno español para descubrir en qué consiste ese maldito bono. Es el secreto mejor guardado porque no quieren que nadie sepa cómo motivan a esta gente para exprimir a los ciudadanos.
¿Qué considera usted incompatible con el Estado de derecho?
Para que exista un verdadero Estado de derecho, debe haber algo fundamental: la presunción de inocencia. Pero en este país, es una inversión de la presunción de inocencia. Aquí existe una norma que, en la práctica, dice que todo lo que determine un inspector de Hacienda es automáticamente cierto.
Y la presunción inversa significa que la presunción de inocencia queda completamente anulada.
A eso hay que sumarle inspectores motivados por incentivos económicos, una regla que obliga a pagar la deuda completa antes de poder recurrir, y un sistema de tribunales administrativos que, según varios fallos de tribunales europeos, ni siquiera pueden considerarse tribunales reales.
Este proceso puede alargarse entre tres y cinco años, durante los cuales la persona queda asfixiada por sanciones desproporcionadas.
En ningún otro país europeo se aplican multas como las de aquí: si te equivocas en un solo euro, puedes recibir una penalización extra del 50 al 75% sobre todo lo que hayas pagado. Es un sistema completamente único —en el peor sentido.
Muchos españoles me preguntan: “¿Pero esto no es normal?”. Y la respuesta es no. Ningún país en Europa tiene esta combinación tan tóxica. Puede que en otros países haya algún tipo de bonificación para los inspectores, pero también existen mecanismos de control: se puede recurrir rápidamente, hay contrapesos. En España, hay muchos controles… pero ningún equilibrio.
¿Cuál es su opinión sobre la norma de la Agencia Tributaria que publica cada año los nombres de los principales deudores del país?
En primer lugar, muchos de esos llamados “principales deudores” ni siquiera tienen una deuda confirmada por un tribunal. En segundo lugar, es cierto que España no es el único país que hace esto; algunos países escandinavos también publican listas similares.
Pero en el caso español, esta publicación de los principales deudores forma parte de un arsenal mucho más agresivo de herramientas. No se trata solo de hacer pública la deuda. También embargan cuentas bancarias, contactan a tus clientes para quedarse con el dinero que te deben e incluso, en algunos casos, terminan asfixiando a las empresas hasta hacerlas desaparecer.
En casi todos los países donde he trabajado, como en Inglaterra, las autoridades intentan que las empresas sigan funcionando, porque entienden que una empresa viva sigue generando ingresos… y pagando impuestos.
Pero en España parece que existe la mentalidad opuesta: si destruyen una empresa, ya vendrá otra. Es una guerra abierta contra el tejido empresarial, liderada por Hacienda.
«En ningún otro país europeo se aplican multas como las de aquí: si te equivocas en un solo euro, puedes recibir una penalización extra del 50 al 75% sobre todo lo que hayas pagado. Es un sistema completamente único —en el peor sentido».
No hay una ideología clara detrás de esto, más allá de una especie de lucha de clases burocrática. Y eso tiene un coste enorme: incluso los negocios jóvenes están siendo estrangulados.
He visto casos recientes en los que las empresas perdieron grandes deducciones fiscales solo porque el organismo competente no validó sus créditos fiscales a tiempo. Eso les obligó a despedir a toda su plantilla.
Y para colmo, la única industria que aún les queda —el turismo— está siendo atacada desde dentro: ciudadanos disparando con pistolas de agua a los turistas.
Tendría usted que pasearse por el centro de Madrid o de Barcelona y comprendería mucho de lo que está pasando.
¿Por qué no desarrollan su sector tecnológico? ¿Por qué no fortalecen una clase emprendedora? Sus mejores emprendedores se están yendo. Sus celebridades también se ven obligadas a huir, ya sea a Andorra o a donde puedan, porque este es un país que no celebra a sus figuras públicas: las mete en la cárcel, las acusa de delitos.
España es única en ese sentido. Aquí, incluso las personas que hacen bien su trabajo, como Messi, Shakira, los directivos de los clubes de fútbol… el gobierno los destroza.
Bueno, Xavi Alonso, el entrenador del Real Madrid, ganó.
Sí, ganó. Después de muchos años. Es la excepción. Después de muchos años de lucha. Dios lo bendiga.
Incluso los abogados de aquí, mis compadres, tienen miedo de hablar conmigo. Tienen miedo porque dicen: “Si te ayudamos…”.
¿Nadie está colaborando con usted?
Sí, hay unos pocos valientes, pero no voy a dar nombres. Lo que sí puedo decir es que muchas firmas de abogados me han cerrado las puertas.
Algunos son amigos míos de toda la vida. En un caso en particular, amigos desde hace 40 años –conocí al abuelo–, me dijeron: “Si trabajamos contigo, nos auditan. Auditan a nuestros clientes. Por favor, sal por la puerta trasera”.
¿Quiénes son sus clientes? Porque no parece que se haya metido en esto únicamente por idealismo o por amor a la causa.
Le diré que gran parte de mi vida la he dedicado al idealismo. Representamos a muchos grupos de oposición en África de forma gratuita, pro bono. Este caso, afortunadamente, no es pro bono: estamos siendo remunerados por varias personas. Nunca revelaría sus nombres, porque Dios sabe lo que Hacienda podría hacerles.
Sí, estamos cobrando, pero siendo honesto, nadie podría compensar realmente el tiempo y esfuerzo que mi firma está invirtiendo en esto. Así que sí, nos pagan, pero también estamos invirtiendo mucho, porque si leyera los mensajes que recibimos cada día, entendería por qué estamos tan comprometidos.
Yo lo llamo “la dialéctica de la ignorancia”. Fuera de España, nadie sabe lo que está pasando aquí. Personas adineradas del Reino Unido están mudándose a España sin saberlo. Todos parecen contentos.
Pero dentro de España, la mayoría no entiende lo grave que es la situación. Siempre uso la metáfora de la rana en agua hirviendo: nadie se da cuenta de lo mal que está todo, porque el cambio de temperatura ha sido gradual. Y cuando hablas con la gente, suelen decir: “¿No es así en todos lados?”. Y no, no lo es. Es necesario educar a la población. España es única en este sentido.
¿Han tratado de reunirse con la Agencia Tributaria?
Claro. Cada vez que volvemos a España pedimos reunirnos con la Agencia Tributaria. Les enviamos preguntas detalladas por escrito del tipo de ¿cómo pagan a los inspectores?¿Cómo incentivan a los técnicos que hacen las valoraciones?
En lugar de responder, enviaron una carta infantil a sus propios empleados diciendo: “Sean fuertes. Estamos siendo atacados, pero manténganse firmes”.
Eso no es bueno ni para el Estado de derecho ni para la democracia. Lo correcto hubiera sido que, cuando les escribimos con preguntas, simplemente respondieran con transparencia: “Así es como pagamos a nuestros funcionarios”.
Si tienen un sistema de bonificaciones, deberían explicarlo abiertamente. Pero si lo tratan como si fuera un secreto nuclear, eso ya te dice que saben que están haciendo algo mal.
Muchos de mis colegas de profesión creen que está usted loco. ¿Lo está?
Piensan que estoy loco porque nadie en España se atrevería a hacer una cosa así.
Nadie se enfrentaría a Hacienda. Eso me lo ha dicho todo el mundo. Incluso buenos amigos míos me han dicho: “Nunca más tendrás un cliente en España”. A lo que yo respondo, con sinceridad: está bien, gracias. Podemos seguir adelante con o sin España.
Lo que está ocurriendo en España se volverá intolerable para todos dentro de unos años, si esta organización —dentro del Gobierno— continúa actuando de una forma que no respeta el Estado de derecho y que no es propia de una democracia.
«Cada vez que volvemos a España pedimos reunirnos con la Agencia Tributaria. Les enviamos preguntas detalladas por escrito del tipo de ¿cómo pagan a los inspectores?¿Cómo incentivan a los técnicos que hacen las valoraciones?».
¿Cómo responde a quienes critican su participación por considerarla una injerencia extranjera en los asuntos internos de España?
Bueno, la verdad es que me parece bastante curioso. Hoy en día, hay millones de personas protestando en todo el mundo por Gaza, por esto o por aquello. Vivimos en un mundo completamente globalizado. El debate sobre la “injerencia extranjera” ya está superado.
A veces se agita la bandera del nacionalismo como argumento, pero tengo una noticia para España: España forma parte de la Unión Europea. Y como tal, tiene la obligación de respetar lo que se llaman “valores europeos”.
En este momento, no lo está haciendo. Está cometiendo graves violaciones del Estado de derecho y discriminando abiertamente a extranjeros. Por tanto, esto no es solo un problema español: es un problema europeo.
España debe entender que, cuando se unió a la UE para disfrutar de sus beneficios, también asumió ciertas responsabilidades. Al adoptar su Constitución, también asumió compromisos legales.
Los miembros de Hacienda son responsables constitucionalmente por muchas irregularidades, incluida la falta de transparencia sobre las bonificaciones que reciben.
Los ciudadanos españoles con coraje pueden enfrentarse a estos inspectores. No tienen por qué quedarse sentados y dejarse perseguir. Pueden plantarles cara. Y la buena noticia es que, cuando lo hacen, ganan.
Usted ha aludido mucho a la falta de transparencia…
Hay un informe reciente, elaborado por abogados fiscalistas, que —aunque con un tono más moderado— confirma punto por punto lo mismo que decimos: que la falta de transparencia es absurda, que la ausencia de control sobre los inspectores es una violación del Estado de derecho.
Y, además, cuando los ciudadanos logran aguantar todos los años de tribunales administrativos artificiales y llegan finalmente a un tribunal de verdad, ganan el 60% de las veces.
El problema es que antes de llegar a ese punto, ya te han estrangulado: te obligan a pagar por adelantado, te presionan con cargos penales —que lanzan contra cualquiera— y además usan un concepto llamado simulación.
España le ha dado a este término un nuevo significado. En países como Guatemala, simulación significa fraude. En España, significa que tú cumpliste con todo tan rigurosamente que el inspector, obsesionado con encontrar fraude, interpreta que cumpliste “demasiado” y, por tanto, puede presumir que hubo fraude.
He visto algunas de las decisiones judiciales más absurdas de mi carrera aquí.
¿Tiene previsto demandar a la Agencia Tributaria española?
Representamos a varias personas que están enfrentándose a Hacienda. Y como consecuencia de eso, estaremos en los tribunales.
No yo personalmente, pero sí nuestros casos. Estaremos en todos los tribunales posibles, porque esto no es solo un problema español, es un problema europeo. Es una situación que clama por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Habrá demandas, de hecho, ya las hay. Pero no voy a identificarlas públicamente hasta que sea en el mejor interés de los clientes hacerlo.
Déjeme decirle cuál es el verdadero problema de fondo: cuando un inspector comete un error, no hay consecuencias para él. Eso es corrupción. No hay otra forma de llamarlo.
¿Cómo se puede permitir que un funcionario público actúe con total impunidad? Eso, desde luego, no está en la Constitución española. No sé qué creen que están haciendo, pero esto es corrupción.
Ahora bien, sé que en España decir “corrupción” ya no impacta tanto, porque muchos de los funcionarios electos están imputados o bajo investigación. Pero en muchos otros países, eso sería una acusación extremadamente grave.
¿Por qué cree, señor Amsterdam, que España está cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos a través de su sistema fiscal?
Hay toda una lista de razones. Primero, los abusos relacionados con la gestión de la información. Segundo, el uso excesivo de su poder para embargar cuentas bancarias y actuar sin ninguna intervención judicial. Tercero, la ausencia de un derecho real y efectivo a recurrir.
Puedes ser tratado de forma extremadamente dura por estos inspectores, que están motivados por la idea de quitarte dinero. Y si no puedes pagar la totalidad de la deuda, pierdes. Eso es una violación de derechos humanos.
No estoy diciendo que la policía esté en las calles golpeando a la gente, pero si leyera los mensajes que recibo a diario —personas al borde del suicidio, matrimonios rotos—, vería que eso también son violaciones de derechos humanos. Y ocurre todos los días.
Luego está el miedo. El miedo a Hacienda que existe entre abogados, profesionales, contables, incluso periodistas. No sé si lo vio, pero publicamos información importante en forma de publirreportajes en tres periódicos. Lo hicimos porque varios medios importantes se negaron a publicar el contenido.
¿En qué democracia ocurre eso? La negativa a publicar información relevante. Estos medios simplemente sintieron que, en el clima actual, no podían permitirse hacerlo. Eso no es una buena señal para una democracia sana y en funcionamiento.
¿Qué tipo de reforma estructural considera esencial para garantizar la justicia fiscal a la que debería aspirarse, a su juicio?
Para lograr justicia fiscal, hace falta una reforma total y profunda de Hacienda. Y con eso me refiero, por ejemplo, a que soy un firme defensor de que se les pague mejor a los auditores.
No se puede tener a personas con sueldos bajos y luego esperar que no entren en conflicto con los ciudadanos. Págales un salario digno, así no estarán motivados por la necesidad de recaudar a toda costa. Ese es el primer paso.
En segundo lugar, hay que eliminar la presunción a favor de Hacienda. Que sea Hacienda la que tenga que demostrar lo que se le debe, y no que pueda simplemente enviar un cuestionario de cien páginas al ciudadano y, si este comete un error, sancionarlo automáticamente. Hay una asimetría de poder, y eso debe corregirse.
Hay que recuperar la presunción de inocencia. Hay que volver a tratar a las personas como ciudadanos. Basta con mirar la Declaración de Granada, suscrita el 27 de noviembre de 2014 por los ministros de Asuntos Europeos de los países miembros de la Unión Europea, durante una reunión informal.
El objetivo principal de aquella declaración fue reforzar el compromiso de los Estados miembros con los valores fundamentales de la Unión Europea,
No la escribió ningún extranjero, fue redactada por expertos españoles. Y, sin embargo, desde entonces no se ha hecho nada. Bueno, sí: se han aprobado 47 subidas de impuestos y el control sobre la población se ha endurecido y reforzado.
«Yo no puedo decirle a España qué modelo exacto debe adoptar, pero sí puedo decir que el punto de partida debería ser tener un sistema que cumpla con su propia Constitución. Eso significa eliminar la presunción a favor de los inspectores, permitir que los ciudadanos puedan recurrir sin tener que pagar toda la deuda por adelantado, y reformar los tribunales para que sean realmente independientes».
Señor Amsterdam ¿qué es lo que busca en concreto: una sentencia judicial condenatoria o un cambio cultural más profundo?
La verdad es que espero conseguir ambas cosas. Espero que haya un cambio político. Confío en que, si se permite hablar del tema, algún grupo político se atreva a asumir la reforma de Hacienda como parte de su programa. Ese es mi deseo.
Además, vamos a utilizar la vía comercial. Hoy mismo se menciona en la prensa que Estados Unidos tiene una ley muy potente que sanciona a los países que aplican impuestos discriminatorios.
También presentaremos una queja ante la Comisión Europea. Es decir, vamos a utilizar todos los instrumentos legales y legítimos que tengamos a nuestro alcance para intentar lograr el cambio.
¿Tienen previsto acudir a la Organización Mundial del Comercio, a las Naciones Unidas, a las instituciones españolas, a la Comisión Europea, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Vamos a acudir a todas. En el caso de la OMC, creemos que esto constituye una violación del GATS, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, y ya estamos preparando un informe al respecto. Sí, iremos a donde sea necesario si eso ayuda a hacer justicia en relación con Hacienda.
Mi esperanza es que lo primero que cambie sea el sistema de bonificaciones. Cuanta más atención se ponga sobre ese sistema, más difícil será sostenerlo.
Ninguna democracia puede permitir que algo así continúe. Cuando se ilumina algo tan claramente corrupto, tiene que cambiar. No queremos esperar años para que eso ocurra. No hay forma de justificar ese sistema de incentivos.
¿Qué puede aprender España de otros modelos de sistema fiscal?
Mira, hay muchos modelos fiscales diferentes. Chris Wales, que escribió gran parte del informe, es uno de los mayores expertos del mundo en sistemas fiscales. Su opinión —que comparto— es que cada país necesita un sistema fiscal adaptado a su realidad.
Yo no puedo decirle a España qué modelo exacto debe adoptar, pero sí puedo decir que el punto de partida debería ser tener un sistema que cumpla con su propia Constitución. Eso significa eliminar la presunción a favor de los inspectores, permitir que los ciudadanos puedan recurrir sin tener que pagar toda la deuda por adelantado, y reformar los tribunales para que sean realmente independientes.
Con solo esos cambios, ya habríamos avanzado la mitad del camino. Son reformas sencillas.
¿Van a presentar la segunda parte del informe en septiembre? ¿Puede adelantarnos algo?
Sí. Vamos a presentar lo que hemos llamado el Memorando de Madrid, que anunciamos el fin de semana en la prensa. Será un análisis mucho más detallado de temas como la privacidad.
También vamos a comunicarnos con la OCDE para argumentar que España es un caso atípico, y que otros países no deberían compartir información fiscal con España hasta que su sistema mejore.
Haremos lo mismo con distintas agencias de intercambio de datos. Nos espera un verano muy activo, y en septiembre volveremos para presentar todo esto en detalle.
Una última pregunta: ¿cuántas personas trabajan en su despacho de abogados?
Muy pocas. Para los casos grandes, formamos equipos virtuales. Tenemos abogados en Bruselas, en Washington…
¿También en España?
Sí. Así que, en este caso concreto, probablemente estamos hablando de un equipo virtual de entre 20 y 25 abogados.
No me ha dicho quiénes son sus clientes en España pero es evidente que para involucrase en un caso como esto, tienen que pagar bien…
Totalmente de acuerdo: necesitas un buen cliente que pague bien. Pero le diré algo. Cuando asumí el caso contra las Naciones Unidas hace 10 años, no teníamos ningún cliente que pagara bien. Y nos enfrentamos a la ONU en una batalla que fue aún más desproporcionada que esta, como un David contra Goliat.
Todo empezó con un hombre humilde que me contó que las Naciones Unidas habían conspirado con Robert Mugabe, y que eso había arruinado su vida, destruido su salud… sufrió un colapso, un infarto, y me pidió que llevara su caso. Y, con toda sinceridad, acepté —probablemente sin pensarlo demasiado.
Tuvimos que enfrentarnos a toda la estructura de la ONU para demostrar que habían conspirado con Mugabe, que ya entonces era una figura absolutamente terrible. Formamos un equipo completo, pro bono, a mi propio costo. Yo mismo llevé el juicio durante seis semanas.
Y vencimos. Logramos que dos subsecretarios generales fueran sancionados, y demostramos que la ONU había colaborado con Mugabe.
Por eso siempre digo que no somos nuevos en esto de enfrentarnos a gigantes. Nos enfrentamos a Rusia en el caso de Jodorkovsky, y al menos conseguimos que saliera con vida, lo cual ya es un logro si vienes de una cárcel rusa.
Y en el caso del Congo, nos enfrentamos a Apple, una empresa valorada en billones, y pocos días después de la demanda, dejaron de exportar desde Ruanda.
Así que sí, a veces David puede detener a Goliat.
Fuente: Confilegal. [/urcr_restrict]