Repsol ha rechazado «de forma tajante» la sanción de 20,5 millones de euros a diversas de sus filiales del área de venta de carburantes y la prohibición de participar en contratos públicos impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al considerar que se apoya «en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022», marcado por la crisis tras la invasión de Ucrania por Rusia, y ha afirmado que recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer «valer todos estos argumentos en su impugnación».