El sector de los hidrocarburos vive momentos convulsos por la guerra sin cuartel que se ha abierto para luchar contra un fraude que ha alcanzado niveles récord con más de 1.200 millones en 2023. A lo largo de las últimas semanas, los servicios anti blanqueo de la banca han estrechado el cerco sobre el sector de los operadores petrolíferos y ahora la Agencia Tributaria ha eliminado del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales a 24 empresas, algunas de ellas de una forma que parece rocambolesca.
En las últimas 24 horas, según desvela Aopyde, se ha producido la baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) de siete operadores por parte de un gestor autorizado por Hacienda -del que no se ha desvelado el nombre- que ha solicitado estas bajas con la firma de un falso representante de las sociedades afectadas.
Las declaraciones que han sido presentadas ante la Agencia Tributaria vienen respaldadas por dicho gestor autorizado -contra el que preparan ya acciones legales- así como por un tal Carlos Vives que aparece sin DNI y que sería el representante legal de estas compañías.
Para la asociación, este Carlos Vives no ha sido visado diligentemente por parte de la Agencia Tributaria, que ha procedido a la baja de dicho registro de las compañías y ahora únicamente ofrece como solución iniciar, de nuevo, el trámite de registro, tal y como indica Aopyde.
La baja en el Redef supone que los depósitos fiscales que decidan vender a las compañías que no están registradas se responsabilizan del agujero fiscal que las mismas puedan provocar.
Fuera de las compras en aduanas
Esta situación causa que los operadores que han quedado fuera de este registro estén en estos momentos en la práctica imposibilitados para la compra de carburante en los depósitos fiscales y se hayan visto forzados a suspender los suministros a la red de estaciones de servicio y con contratos sin poder atender.
Esta misma noche, de hecho, varias estaciones de servicio han tenido, ya que acudir a las grandes petroleras para poder comprar el producto necesario para su funcionamiento, lo que provoca un fuerte riesgo de subida de precios y de problemas de suministro a las puertas de la Operación salida del verano.
Según indicaron fuentes consultadas por este diario, la situación ha provocado una fuerte convulsión en el sector hasta el punto que Aopyde se plantea ya medidas legales para afrontar el daño patrimonial que les genera esta situación y aseguran que «es de difícil comprensión que en un mercado de tan estricta regulación y perseguido sin tregua por estar bajo la sospecha constante de fraude, sea el mismo organismo regulador y supuesto garantista del correcto funcionamiento del sistema, quien caiga en semejante irregularidad, con todas las consecuencias que esto conlleva».
En esta línea, Vertix Petroleum, una de las compañías que ha sido dada de baja del Registro, asegura que están «investigando a los autores de estos hechos, ya perfectamente identificados, así como a los eventuales autores intelectuales de los mismos, y estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra todos ellos».
La compañía indica que estos hechos, les han generado «un enorme estupor y una sensación de indefensión, toda vez que la empresa no acierta a entender cómo es posible que una persona absolutamente ajena a la entidad puede llegar a tener capacidad para realizar estas acciones y que estas tengan consecuencias como las que están teniendo».
Carlos Babot, abogado de Casajuana Abogados, indica que estos actos unilaterales y fraudulentos quebrantan absolutamente la representación y la finalidad del colaborador social y exigen una respuesta inmediata por parte de la AEAT.
Para el abogado, es necesaria la reactivación inmediata del REDEF por el perjuicio económico irreversible que la baja en el registro puede causar en un operador petrolífero (sin perjuicio de que reactivado el mismo desde la AEAT se realicen las oportunas actuaciones inspectoras). De hecho, dicho perjuicio económico tiene lugar además en cientos de distribuidores al por menor que adquieren el producto a estos mayoristas.
Mano dura contra el fraude
Asimismo, reclama la baja inmediata en el censo de colaboradores sociales de los profesionales que están actuando de forma fraudulenta con Hacienda.
«Entendemos de gran necesidad que desde la AEAT se revierta la situación lo antes posible, reajustando el procedimiento de solicitud de baja en el Registro de Extractores y adoptando medidas efectivas e inmediatas que eviten mayores perjuicios al sector dada la gravedad de los actos de los colaboradores, su enorme repercusión en el desarrollo normal de la colaboración social y el daño económico, logístico y financiero ocasionado a los operadores al por mayor de productos petrolíferos» indica Babot.
Según los cálculos del sector, en estos momentos, entre la deuda con Hacienda y los impagos de los biocarburantes el agujero del año 2023 supera con creces los 1.200 millones de euros.
Fuente: El Economista