Los fraudes que algunas empresas llevaban a cabo en el sector de los hidrocarburos no han cesado. Aunque el pasado 28 de marzo entró en vigor el Real Decreto Ley 8/2023 mediante el que se prohíbe el suministro entre distribuidores al por menor y de éstos al por mayor, además de que los operadores al por mayor tampoco puedan vender a empresas que no sean otros mayoristas, aún se detecta competencias desleales.
Manel Montero, director general del holding con presencia en el sector energético, Grupo Moure, advierte que “vemos preocupante el fraude fiscal que se desarrolla desde algunos operadores petrolíferos, aprovechándose del sistema fiscal actual mediante sus operaciones mayoristas de ventas”.
Aunque la Agencia Tributaria informaba que en mayo se había personado en más de 400 gasolineras de España para obtener información sobre este fraude, Montero recalca que “es muy importante que las reclamaciones a la Administración no caigan en saco roto”, ya que “el objetivo es atajar un fraude que pone en peligro la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas”.
Estos fraudes se articulan mediante herramientas legalmente establecidas, como es la creación de nuevas compañías para desarrollar la venta mayorista, las cuales no tienen las mismas obligaciones que las empresas ya existentes. En este sentido, los objetivos obligatorios de biocarburantes, las aportaciones al Fondo de Eficiencia Energética o el pago de las cuotas por mantenimiento de las reservas mínimas de seguridad son distintos.
“Si a estas obligaciones que tienen el resto de operadores petrolíferos le añadimos la posibilidad que tienen de aplazar el IVA trimestral, da como resultado que los autores de estas prácticas obtienen unos márgenes superiores al resto para ofrecer precios más bajos”, subraya Montero. En este sentido, advierte que se desestabilizan las cuentas de resultados de numerosas PYMES que no compran a este tipo de operadores.
Propuestas de mejora para luchar contra el fraude
Desde las asociaciones del sector perjudicadas se han hecho una serie de propuestas para dar solución al problema. Una de ellas es que, desde que el carburante salga de los depósitos fiscales donde se almacena, se garantice el pago del IVA correspondiente a la venta posterior del producto. El motivo es que en este momento es cuando el petróleo llega desde las refinerías y los operadores al por mayor lo sacan para vender a minoristas y gasolineras.
“Es una solución que se ha aplicado en Italia y que ha tenido resultados inmediatos en la reducción del fraude en el IVA”, destaca el director general de Grupo Moure. “Si a la garantía del IVA le añadimos un mayor control sobre las operaciones mayoristas, estamos convencidos que todos estaremos en igualdad de condiciones competitivas”, concluye.
Fuente: El Mundo Financiero