La Agencia Tributaria ha vuelto a dar de alta a los operadores petrolíferos que fueron inhabilitados en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) esta semana a través de la solicitud fraudulenta de un gestor autorizado por Hacienda. De acuerdo con la información publicada por la Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles (Aopyde), una decena de operadores afectados han sido nuevamente incorporados al registro tras la denuncia pública de los hechos desde diferentes actores del sector.
La asociación estima en varios millones las pérdidas ocasionadas tanto a las operadoras que no han podido realizar operaciones de venta durante la baja, como a las estaciones de servicio que se quedaban sin suministro de producto. Un hecho que, según critican desde el sector, ha generado un clima de inseguridad jurídica dado que «cualquier empresa puede ser expulsada del mercado por un proceso administrativo fraudulento, sin control de la administración».
En la misma sintonía que Aopyde se pronuncian desde el despacho Babot-Aranguren, donde se ha presentado este jueves un escrito firmado por más de 60 empresas del ecosistema de los hidrocarburos para solicitar el amparo de Hacienda y exponer el caos que ha vivido el sector los últimos días. La misiva dirigida a la ONI y al Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria se centra en reforzar el procedimiento de solicitud de baja en el Redef para evitar que un gestor de identidad falsa pueda inhabilitar a las compañías.
Desde el mismo bufete solicitan la reactivación de aquellas empresas que la AEAT considere que han sido inhabilitadas de forma fraudulenta, así como la baja inmediata en el censo de los colaboradores sociales que han actuado de forma fraudulenta para solicitar la baja de empresas con las cuáles no tenían vinculación profesional alguna.
La sombra obstaculiza su relación con la banca
Las fuentes del mercado consultadas muestran su preocupación por el perseguimiento que sufre el sector desde que se desató el fraude de IVA, que los distribuidores de carburantes calculan en 1.000 millones de euros en el último año, lo que equivale aproximadamente a un 25% de las ventas. Tal es la magnitud de este asunto, que la sombra del fraude se ha extendido a muchas compañías que no están investigadas ni expuestas a estos riesgos, en forma de dificultades para abrir y mantener sus cuentas bancarias por formar parte de esta industria.
Desde el sector aseguran que estas dificultades ya se venían percibiendo desde hace aproximadamente dos años, pero se han vuelto más restrictivas ante el mayor eco que ha tenido el fraude en el sector a raíz de la ‘macroinvestigación’ que Hacienda llevó a cabo a más de 400 estaciones de servicios en España que venden los carburantes a precios «anormalmente bajos» en busca de datos de proveedores y tarifas de suministros para detectar posibles tramas de defraudación.
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Fuente: La Información Económica