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06/03/2019

El motor exige al Gobierno que indulte al diésel


El sector no firmará ningún acuerdo si no se garantiza la supervivencia de los motores de combustión «limpios»





Los planes del Gobierno de Sánchez para dejar firmado un Acuerdo Estratégico de Automoción antes de las próximas elecciones generales parece que ha encallado y este será un triunfo publicitario que Industria no podrá apuntarse. Los fabricantes han planteado tres solicitudes como paso previo a la firma del acuerdo y no perece que la situación pueda desbloquearse antes de las elecciones. El pasado lunes la ministra de Industria convocó una rueda de prensa para dar a conocer el plan, quizá para presionar a los empresarios del sector. Corría prisa presentar este acuerdo y así ganar una baza política. Esta precipitación le hizo olvidar que ese día la casi totalidad de los altos directivos del sector no estaban en Madrid. Se encontraban en Suiza con motivo del Salón Internacional de Ginebra. Y desde allí confirmaron su rechazo al plan en sus postulados actuales.

Fuentes consultadas por LA RAZÓN durante la exposición confirmaron que, antes de llegar a firmar cualquier acuerdo debían darse una serie de condiciones que garantizaran el futuro de esta industria que genera más del 10% del PIB español. Las tres condiciones previas podrían resumirse en un respeto a las posiciones que asuma la Unión Europea en materia de emisiones para el año 2040, reconocer que los motores diésel y gasolina siguen siendo válidos para la circulación mientras se respeten los límites de emisiones legales y, por último, la creación de un fondo para el achatarramiento de los coches más viejos del parque con una dotación de, por lo menos, 100 millones de euros.

Las dos primeras suponen desdecir las polémicas declaraciones de la ministra Ribera demonizando a los diésel y ya se están dando los primeros pasos en esta dirección. Algunos representantes del Gobierno ya están declarando que los diésel siguen siendo motores válidos para la circulación, si bien este cambio de criterio se está realizando lentamente. La posición de los fabricantes es que las restricciones de circulación deben aplicarse en función de las emisiones que provoque cada coche, independientemente del tipo de combustible que se utilice. Porque los diésel de última generación tienen un nivel de emisión de gases contaminantes similar o incluso inferior a los de gasolina.

La tercera condición supone el regreso a los planes Prever y Pive que ya se pusieron en marcha hace años. La dotación de cien millones se considera la cantidad mínima, ya que es necesario sacar de la circulación a muchos miles de coches de más de 10 que contaminan alrededor de diez veces más que los actuales si queremos cumplir con los protocolos de contaminación de la UE. En la actualidad, el parque automovilístico español tiene una antigüedad de 12,5 años y es el segundo más viejo de Europa, tras Grecia. Todas estas medidas son tendentes a frenar el descenso de las ventas que el mercado español del automóvil viene sufriendo durante los seis últimos meses y así compensar la merma que se está produciendo en las exportaciones por algunas coyunturas económicas en Europa, como por ejemplo el Brexit

El borrador del plan presentado por el Gobierno prevé, desde ahora hasta el año 2025, establecer unas ayudas por un montante total de 2.686 millones de euros. La mayor parte de ellos, 1.739 millones, irían destinados a ayudas parta la movilidad eléctrica y conectada, 525 millones a ayudas a la innovación del sector y 422 millones para el rejuvenecimiento de las plantillas. A cambio, se pide a las empresas del sector que en los próximos 18 meses realicen inversiones de hasta 4.000 millones de euros en sus instalaciones fabriles en un plazo de año y medio para poder fabricar en nuestro país 15 nuevos modelos de automóviles.

Fuente: La Razón