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24/09/2018

La futura subida del impuesto al diésel dependerá del precio del petróleo


Si la cotización del crudo mantiene la escalada de los últimos meses, el Gobierno será más cauto a la hora de equiparar la fiscalidad del gasóleo y la gasolina.




El Ejecutivo de Pedro Sánchez condicionará las futuras subidas del impuesto al diésel a la evolución del precio del petróleo, según explican fuentes gubernamentales. De esta forma, si la cotización del crudo mantiene la escalada de los últimos meses, el Gobierno será más cauto a la hora de equiparar la fiscalidad del gasóleo y la gasolina. En este caso, programará subidas más graduales de este impuesto, que tiene un carácter medioambiental.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el jueves que los Presupuestos de 2019 contendrán una subida del impuesto al diésel de 38 euros por cada mil litros. Este incremento, precisó, tendrá un coste de unos 3,3 euros al mes para un ciudadano medio que recorra unos 15.000 kilómetros al año con su vehículo. Aunque Montero explicó que la subida fiscal tiene un objetivo disuasorio con las conductas que perjudican el medioambiente, también remarcó que la decisión apenas tendrá efecto sobre el bolsillo de los ciudadanos. Pero si el impacto es tan reducido como sostiene la ministra, los consumidores no tendrán motivos para cambiar sus hábitos

El Gobierno ha remarcado que pretende abordar una reforma de los impuestos medioambientales. Y quiere comenzar por el tributo sobre los hidrocarburos, una de las actividades más contaminantes. El plan oficial consiste en equiparar la fiscalidad del diésel y de la gasolina. Los impuestos sobre el gasóleo son cerca de un 25% más reducidos que los de la gasolina. El próximo año se acortará esa diferencia, según avanzó Montero. El Ejecutivo también prevé subir el impuesto en los años sucesivos hasta eliminar la distancia entre los gravámenes de ambos combustibles. Pero irá acompasando las subidas a la evolución del precio del petróleo

El crudo Brent, de referencia en Europa, llegó a cotizar este viernes en los 80 dólares por barril, un 20% más que a principios de año. Aunque durante la sesión corrigió la subida, el petróleo roza máximos desde 2014. El precio del diésel sin impuestos es superior al de la gasolina convencional, porque su refino es más costoso. Una subida del petróleo podría provocar tensiones sobre el precio del gasoil.

Otra de las razones que el Gobierno aduce para no precisar el ritmo de la subida del impuesto sobre hidrocarburos que afecta al diésel tiene que ver con el efecto acaparamiento. Teme que si las empresas de transporte conocen de antemano el grado de subida podrían acumular combustible para esquivar la subida fiscal.

Precisamente, la patronal de transportistas (Fenadismer) criticó este viernes la medida. Considera que los transportistas de mercancías por carretera, aquellos con vehículos más pequeños, estarán entre “los más afectados por el nuevo impuesto al diésel, dado que actualmente no se incluyen como beneficiarios del gasóleo profesional”. Esta asociación advierte de que los afectados serán aquellos que cuentan con vehículos de menos de 7,5 toneladas, que “soportarían íntegramente el impuesto”. Los transportistas recuerdan que el nuevo impuesto coincidirá el próximo año con la entrada en vigor, en enero de 2019, de la equiparación del tramo autonómico sobre los carburantes, tanto para gasolinas como para gasóleos, que fue aprobada en los Presupuestos de 2018. “Con efectos desde el 1 de enero de 2019 se integra el tipo impositivo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos en el tipo estatal especial al objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y carburantes”, explica Garrigues en un informe sobre las novedades fiscales de los Presupuestos de este año.

Fenadismer alerta de que esta situación supondrá “una subida de hasta el 100% del impuesto en algunas regiones”, como Cantabria, Navarra, Castilla y León o La Rioja. En estos territorios, la fiscalidad sobre los carburantes podría aumentar hasta 4,8 céntimos por litro. Por este motivo, la patronal de transportistas reclama al Gobierno que modifique la actual regulación de la figura del gasóleo profesional para que también puedan beneficiarse los vehículos de transporte de mercancía de mejor tonelaje.

Por otra parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha cargado contra la subida al diésel. Cree que es “injusta para los consumidores e ineficaz” desde el punto de vista medioambiental. La OCU ha subrayado que la “persecución fiscal” no debe ir dirigida a los vehículos de gasóleo, sino a los más contaminantes, sean del combustible que sea. Esta organización de consumidores asegura que “no se opone a que se igualen los impuestos entre la gasolina y el diésel”, pero reclama que “la equiparación se aplique a la baja o que la recaudación extra que se consiga se utilice para subvencionar la compra de nuevos coches más ecológicos y al achatarramiento de los más antiguos, que son verdaderamente los que contaminan más”.

El diésel vive una paradoja: resulta más ventajoso comprarlo cuando se le suman los impuestos. Esta semana, su precio libre de cargas fiscales se situaba en los 0,66 euros el litro en España frente a los 0,64 de la gasolina, según el boletín petrolero de la Unión Europea. En el surtidor, sin embargo, la música cambia: 1,24 euros el litro respecto a los 1,33 euros de la gasolina.

La razón de esta brecha, que el Gobierno quiere ahora reducir, ha de buscarse en unas políticas que Bruselas empezó a diseñar hace años para fomentar el transporte de mercancía por carretera —que usa masivamente esta tecnología, más eficiente a paridad de vehículo y kilometraje— y proteger la industria interna dedicada a la producción de vehículos de gasóleo. “La directiva de productos energéticos de 2003 estableció unos tipos mínimos inferiores para el gasóleo con respecto a la gasolina, y a partir de ahí cada Estado actuó”, explica Jordi Porcel, abogado en Fide Asesores.

Los coches que funcionan con este carburante, que necesita de refinerías más modernas para ser producido y por ende una mayor inversión en infraestructura, emiten menos cantidad de CO2, pero liberan otras partículas y gases contaminantes. Pese a haber sido durante 20 años la estrella del parque vehicular español, el escándalo del dieselgate y la cada vez más imperante necesidad de confluir hacia un sistema energético más limpio los pusieron en el ojo del huracán.

Anfac, patronal de fabricantes, señala sin embargo que no se puede justificar el alza del impuesto al gasóleo por motivos medioambientales. Mantiene que los nuevos vehículos diésel son muchos menos contaminantes que los fabricados hace 10 años y que la solución pasa por renovar el parque vehicular, cuya antigüedad supera los 12 años.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petroleros va en la misma dirección: no cuestiona la decisión del Gobierno pero rechaza la justificación medioambiental. Argumenta que, si se sustituyeran los 400.000 vehículos diésel de más de 15 años que circulan ahora mismo por Madrid con coches de gasóleo modernos y de bajas emisiones, el resultado sería equivalente a retirar 2,6 millones de automóviles de la ciudad. Por otro lado, alerta de que el alza del gravamen debería de tener en cuenta la competitividad de la economía española.

“Las decisiones del Gobierno, por mínimas que puedan parecer, afectan mucho a la industria”, coincide Porcel, “pero esto ya estaba escrito”. El precio del diésel, pronostica, llegará a igualar al de la gasolina y hasta a superarlo. “Poco a poco hay actuaciones, como restringir la circulación o aumentar los impuestos para fomentar el uso de otras energías. Tanto la gasolina como el gasóleo tienen fecha de caducidad”, concluye.


Fuente: El País