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06/06/2022

El descuento de 20 céntimos ha aumentado el precio de los carburantes


Un análisis econométrico causal concluye que se incrementaron, en media, cinco céntimos. Competencia, no obstante, no ha comunicado por ahora ninguna anomalía del mercado



Una de las medidas más destacadas del paquete aprobado por el Gobierno para amortiguar los efectos de la guerra de Ucrania en los bolsillos de los contribuyentes, la bonificación de 20 céntimos por litro en los carburantes, está resultando no ser tan efectiva como al Gobierno le hubiera gustado. Así al menos lo estima un estudio econométrico que, bajo el título “El efecto del descuento de 20 céntimos sobre los precios de gasolinas y diésel en España”, concluye que los precios de los carburantes se han incrementado, en media, cinco céntimos de euros, la cuantía que debían rebajar las petroleras -los otros 15 corren en su caso a cargo del Estado-. Los consumidores, aseguran, están pagando realmente 15 céntimos menos, ya que los productores aumentaron cinco céntimos los precios para luego descontarlos.

Para realizar su evaluación, Juan Luis Jiménez, profesor del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Jordi Perdiguero, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona; y José Manuel Cazorla-Artiles, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; han contado con los datos de los precios medios semanales de la gasolina 95 y diésel que ofrece el Boletín Petrolero de la UE desde la primera semana de enero de 2022 hasta la segunda de mayo de 2022. Además, también han analizado la cotización semanal media del barril de petróleo tipo Brent. Para evaluar los efectos causales de la ayuda, los autores toman como grupo de control no afectado por la medida a un amplio conjunto de países europeos que no han aplicado ayudas a los carburantes como Austria, Dinamarca, Finlandia o Suecia. El objeto es observar cómo se comportan los precios en España tras la política respecto de aquellos países que no la aplicaron y responder a la pregunta de qué precios hubiera tenido España si la política no se hubiera aplicado.

La respuesta que los autores del análisis han encontrado a esta pregunta es que, según las estimaciones del modelo de diferencias, los precios medios en España aumentaron tras la política en, aproximadamente y en media, cinco céntimos. Concretamente, la gasolina 95 incrementó 2,7 céntimos de euros antes de impuestos y 3,7 después de impuestos. Pero la mayor y más significativa subida la sufrió el diésel, llegando a 4,1 y 6 céntimos de euro antes y después de impuestos, respectivamente.

Evidencias

Para los investigadores, su estudio demuestra que “en un mercado con severos problemas de competencia en todas los eslabones de la cadena productiva y una demanda inelástica, el establecimiento de un subsidio permite que los productores se apropien de una parte de este”.

Por el momento, y a pesar de análisis como este, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNCM) no ha detectado sin embargo que las compañías hayan incrementado de forma artificial los precios de los carburantes para compensar la bonificación.

Hasta el momento, y según los datos aportados esta misma semana por el Ministerio de Hacienda, el Estado ha pagado 642,6 millones de euros a las estaciones de servicio por las bonificaciones desde su puesta en marcha el 1 de abril. Las gasolineras han recibido 333,6 millones de euros en concepto de devoluciones a las bonificaciones practicadas, lo que corresponde a algo más del 84% de las solicitudes presentadas. A esa cantidad se suman los 309 millones en concepto de anticipos.

Como ha anunciado esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la medida se prorrogará durante tres meses más, hasta septiembre. Una decisión que el Gobierno, como ya informó LA RAZÓN en su edición del pasado 4 de mayo, estaba tomada desde hace semanas. Aunque la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, sugirió semanas atrás la posibilidad de que la prórroga se ciñera a las familias con rentas más bajas, algo que también deslizó su compañero de gabinete Alberto Garzón, ministro de Consumo; la titular de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que «no hay ningún detalle ni ninguna aproximación añadida a lo que ya se venía produciendo en el decreto anterior», por lo que descartó que la ayuda sea selectiva solo para los profesionales o para las economías vulnerables. El argumento que ha esgrimido el Gobierno para la prórroga de esta y otras ayudas como el tope del 2% a la subida de los alquileres o las rebajas a los impuestos eléctricos es que las circunstancias que motivaron su aprobación no han cambiado.

Fuente: La Razón