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15/07/2021

El fin del coche de gasolina en el paquete de las 12 leyes verdes en Europa


La Unión Europea será líder mundial en la lucha contra el cambio climático.




Europa ha lanzado la revolución que la colocará como líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Consiste en una batería de medidas que transformarán el modo de vida de los europeos en muchos aspectos de su vida cotidiana. Suman 12 proyectos legislativos que marcan la ruta para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de CO2un 55% en el 2030, como paso intermedio hacia la neutralidad climática, fijada para el 2050.

Se trata de un paquete tan ambicioso como controvertido por los cambios profundos que conlleva y que provocarán presiones y protestas de empresas y ciudadanos, además de irritar a algunos socios comerciales como China y Rusia. Es de alto riesgo en muchos terrenos. “La Comisión Europea tiene que demostrar que su plan lleva a una transición equitativa y solidaria. Si fracasamos en convencer de ello, la resistencia será masiva”, reconoció el vicepresidente Frans Timmermans.

Los cambios son profundos. Supone que no se venderán más coches con motor de combustión a partir del 2035, variaciones de la fiscalidad energética, aumentar las renovables hasta un 40% del total de energías, gravar el carburante utilizado en transporte por carretera y calefacciones de los edificios, y establecer un impuesto a los productos importados de países que no apliquen normas estrictas contra el cambio climático.

Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es un paquete equilibrado: “El plan combina la reducción de emisiones de carbono con medidas para preservar la naturaleza y situar el empleo y la equidad social en el centro de esta transformación”. Una afirmación que será puesta a prueba primero en las negociaciones con los países y el Parlamento Europeo, y después, una vez aprobado, por los sectores afectados por su aplicación.

De entrada, el cambio en los coches. Se irán disminuyendo progresivamente los topes de la contaminación que causan, para conseguir en el 2030 una reducción del 55% de las emisiones y posteriormente, el salto definitivo: cinco años más tarde una reducción del 100%. Es decir, a partir de 2035 todos los vehículos nuevos a la venta no podrán emitir emisiones, es el final de los coches con motor de combustión. Y también el final de los híbridos. En cambio, no afecta a las motocicletas.

Una prohibición que afecta a los vehículos nuevos, ya que los antiguos podrán seguir usándose, aunque la previsión es que vayan abandonándose a medida que aumente el uso de los eléctricos. Para ello, es esencial mejorar la infraestructura de recarga. Actualmente, en la UE el 70% de puntos de recarga están concentrados en tres países (Holanda, Francia y Alemania), algo que tendrá que cambiar. En este sentido, el objetivo es que a lo largo de las rutas principales haya un punto de recarga para los coches eléctricos cada 60 km, y para el repostaje de hidrógeno, cada 150 km.

Por otro lado, hay una propuesta que levanta muchos temores por la previsible resistencia social que va a encontrar entre los ciudadanos con menor poder adquisitivo. Se incluye el transporte por carretera y la calefacción de los edificios en un nuevo sistema de derechos de emisiones de car­bono (ETS), lo que supondrá un aumento de los costes para los ciudadanos. Es una penalización a través del combustible contaminante de coches y calefacciones que se iniciará en el 2026 de forma gradual.

Mucho se ha debatido en Bruselas la presentación de esta iniciativa porque el fantasma de la protesta de los chalecos amarillos en Francia del 2018 sigue presente. En aquella ocasión, era una protesta por la subida del impuesto al diésel, y aquí subirán los precios del carburante y afectará especialmente a los hogares con menos ingresos.

Para compensar este coste, se pondrá en marcha el Fondo Social del Clima, con un montante de 72.200 millones de euros en un período de siete años. Un dinero que se distribuirá entre los estados miembros con arreglo a varios criterios como la pobreza enérgica, y que permitirá subvencionar un 50% los proyectos que los países pongan en marcha.

Además, también se plantea un impuesto a los productos que lleguen a la UE de países terceros que no apliquen medidas contra el cambio climático. Es el denominado Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM), destinado a evitar que las em­presas europeas compitan en ­inferioridad de condiciones. Ellas están obligadas a cumplir una reglas medioambientales y, por tanto, la UE gravará productos que lleguen de países en los que no la industria no esté sometida a estas condiciones.

El nuevo impuesto se aplicará a partir del 2026 de forma gradual, y afectará a cinco sectores: acero, aluminio, cemento, fertilizantes y electricidad. Se han elegido porque en ellos hay un elevado riesgo de fuga de carbono, es decir, que las empresas se trasladen a otros países en que las normas medioambientales no sean tan estrictas.

Es una medida que la UE tendrá que demostrar que es compatible con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que puede provocar fuertes reacciones de los países más afectados, que son China, Rusia, Turquía y el Reino Unido. “Son los grandes afectados, y no son pre­cisamente con los que tenemos mejores relaciones”, reconocen fuentes comunitarias.

Otro elemento clave será un aumento de las reducciones (del 43% al 61%) de las emisiones de carbono permitidas en el mercado de derechos de emisiones (ETS) existente, y que abarca las industrias de uso intensivo de energía, como refinerías y siderurgia, además de la aviación comercial. El impuesto al queroseno en los vuelos internos de la UE, la introducción del sector marítimo en el mercado de derechos de emisiones de carbono son otras propuestas que completan este ambicioso y arriesgado paquete.


Fuente: La Vanguardia.